PROHÍBEN A DELEGADA
INFORMAR SOBRE CFE
La delegación estatal de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) ya no proporcionará información relacionada con las quejas
en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a partir de ahora
cuando se requieran datos se deberá poner en contacto con las oficinas
centrales de la procuraduría.
Así lo confirmó Leslie del Villar Sosa, delegada en Hidalgo
de la Profeco, quien evitó precisar cifras acerca de las denuncias que se han
emitido en contra la paraestatal, y explicó que tal determinación se debe a que
el procurador Bernardo Altamirano lo atenderá directamente y para “no
generalizar”.
“Lo está atendiendo directamente él (procurador) y tienen qué
ver directamente con la gerencia de la CFE a nivel nacional y estamos hablando
del caso específico de los estados que no atendía antes CFE y entonces tal vez
hay un desfase de lo que no atendía y no atendía; es decir, no generalizar”,
argumentó.
La funcionaria federal dijo que en caso de requerir los datos
de las quejas de la CFE, éstos pueden proporcionarse pero habrá que comunicarse
con la paraestatal, “nos ha pedido el procurador que no hagamos
pronunciamientos en las delegaciones, están atendiendo el tema a nivel
nacional.
“Ninguna declaración en las delegaciones y si requieren la
información con mucho gusto les comunico al área de comunicación social para
que les den un pronunciamiento directamente en oficinas centrales”.
CALDERÓN DA LUZ VERDE PARA QUE EU EXPLOTE PETRÓLEO
EN EL GOLFO
Hillary Clinton y la canciller mexicana, Patricia
Espinosa, rubricaron el acuerdo en el contexto de la reunión del G-20 en Los
Cabos. Atestiguaron el hecho Ken Salazar, secretario del Interior de Estados
Unidos; Felipe Calderón y Jordy Herrera, titular de la Secretaría de Energía.
Los Cabos BCS, 20 de febrero. Empresas petroleras
de Estados Unidos y Pemex explotarán por primera vez de manera conjunta
yacimientos de hidrocarburos transfronterizos del Golfo de México, donde se
encuentran reservas de importancia para estos países, acordaron ambos
gobiernos.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, ante la
secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario del Interior de Estados
Unidos, Ken Salazar, señaló que con "respeto absoluto a nuestra
soberanía" se hizo la negociación del acuerdo México-EU relativo a
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México.
Ya en 2001, el gobierno de Ernesto Zedillo firmó un
acuerdo con el de Estados Unidos para delimitar el "hoyo de dona
occidental" del Golfo de México, también conocido como Polígono
Occidental, con el cual se impuso un periodo de 10 años para que ninguna
empresa de las dos naciones realizara actividades de exploración o explotación.
Este día, el mandatario federal sostuvo que, luego
de que se acordó con el presidente Barack Obama en 2010 trabajar en este tema,
se llegó a este convenio, con el cual se termina el denominado "efecto
popote", es decir, el viejo temor que existía de que el petróleo fuera
extraído del otro lado de la frontera, y se da certeza jurídica en un tema en
el que no había reglas claras. Precisó que el acuerdo será enviado al Senado
para su análisis.
Además, dijo, Pemex, "que sólo puede ser de
los mexicanos", podrá adquirir experiencia y tecnología de punta, porque
"por primera vez podrá operar proyectos conjuntos con las empresas más
avanzadas del mundo". El acuerdo cuenta con mecanismos de solución de
controversias, pero sobre todo, abundó, da certeza jurídica en el tema.
Antes de la firma del documento, Hillary Clinton
dijo que “en una época en que nos estamos esforzando por asegurar el suministro
de energía y al mismo tiempo hacer una transición a medios más ambientales (…)
el acuerdo constituye un gana-gana. Los yacimientos pueden contener reservas
considerables que beneficiarían tanto a México como Estados Unidos”.
Abundó que actualmente no necesariamente se dividen
de manera ordenada en la frontera marítima, lo cual pudiera dar raíz a disputas
de nuestros países y nuestras compañías, "si hay un yacimiento que esta a
ambos lados (de la frontera), suscitaría disputas. El acuerdo ayuda a prevenir
estas disputas y a promover la exploración segura, eficiente, equitativa y la
producción a lo largo de los yacimientos".
Precisó que cada país mantiene su derecho de
desarrollar nuevos proyectos, "pero el acuerdo genera nuevas
oportunidades, las empresas estadunidenses podrán colaborar con Pemex, su
homólogo en México. En épocas difíciles como éstas tenemos que aprovechar al
máximo todas las oportunidades para generar empleo y desarrollo
económico".
Por su parte, el secretario de Energía de México,
Jordy Herrera, detalló que con este convenio ambos países se comprometen a
notificar a la contraparte cualquier indicio de existencia de un yacimiento
transfronterizo, y en cuanto se confirme el hallazgo se prohíbe el uso de la
información hasta que se defina la cantidad de recursos que corresponda a cada
país.
También, precisó, se requiere un acuerdo de
unificación y un plan de desarrollo para optimizar la explotación de los
yacimientos compartidos, lo cual estará sujeto a la aprobación de ambos
gobiernos. Se trata, apuntó, de una estrategia para que Pemex sea más fuerte y
eficiente, además de que se debe aprovechar esta fuente de ingresos.
También, Ken Salazar destacó que el acuerdo
"abre las puertas a áreas que estaban fuera de nuestro alcance: el Golfo
de México, rico en recursos, donde hay 1.5 millones de acres (607 mil
hectáreas)" y estarán disponibles para su explotación. Apuntó que una
tercera parte de la energía de Estados Unidos procede de esa región.
El acuerdo, añadió, dispone un proceso claro para
las empresas estadunidenses y para Pemex, "es un paso histórico para
avanzar en nuestra agenda energética". A Estados Unidos le permite ampliar
responsablemente su trabajo en el Golfo de México y las empresas tendrán más
certeza para desarrollar estos recursos, dijo. El convenio fue suscrito por la
canciller Patricia Espinosa y Hillary Clinton, con el presidente Calderón y Ken
Salazar como testigos.
LA CFE Y LOS FICTICIOS COMITÉS DE AUDITORÍA
Anunciados por el presidente Felipe Calderón como
la panacea de su gobierno para la transparencia en el sector energético, los
comités de auditoría que deberían de haber funcionado en organismos como la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de evitar actos de
corrupción en el manejo de los recursos públicos, resultaron una más de las
ficciones oficiales que sucumbieron ante el poder de los intereses creados por
los integrantes del “cártel de la Electricidad”, que desde hace más de dos
décadas se adueñó del control interno de la paraestatal.
En la amplia investigación elaborada en el seno de la Comisión de Energía de la LX Legislatura, y entregada en Los Pinos a Calderón, en agosto de 2009, quedaron de manifiesto numerosas irregularidades cometidas por funcionarios de la CFE, en el manejo y otorgamiento de contratos, en muchos de los cuales sus propias empresas, a través de prestanombres, fueron beneficiadas al solaparle incluso la entrega de equipos defectuosos, no sólo a destiempo sino fuera de los parámetros de concurso establecidos por la normatividad. Se detalla, en el acucioso análisis, la forma en que personajes como el ahora prófugo de la justicia, Néstor Moreno Díaz, actuaron fuera de la ley en perjuicio del patrimonio de la CFE, burlándose tanto de los órganos de control interno como de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública.
Aquí expongo dos casos irrefutables de la corrupción de la CFE y que Calderón se negó a analizar en la denuncia presentada a las puertas de la residencia oficial por la Comisión de Energía, lo que permitió que gente como Néstor Moreno siguiera sangrando a la hoy ilógicamente llamada “empresa de clase mundial”.
El 22 de diciembre de 1995, se firmó el contrato 951047 entre la Comisión Federal de Electricidad y la contratista Apycsa, cuyos trabajos, de acuerdo a lo establecido, estarían encaminados a concluir el proyecto Salamanca-Texcoco. En su cláusula 1.1.2 se establece: “El contratista se obliga a diseñar, suministrar y construir las subestaciones eléctricas de potencia y las líneas de potencia”.Una semana después de concretar el acuerdo, la CFE pagó a Apycsa los anticipos pactados en la cláusula 9, para el cumplimiento del contrato. El contratista expidió a la paraestatal las facturas 3287 y 3288; a su vez, la Comisión amparó la emisión de cheques a favor de la empresa con las pólizas 046888 y 046890.
Pero de manera increíble, un año y medio después de firmado el contrato, Apycsa no había movido un dedo para iniciar los trabajos pese a haber recibido el adelanto y, peor aún, el 22 de abril de 1997, el ingeniero Héctor Sierra, responsable del proyecto de la CFE, informó a Apycsa que, mediante el oficio CPTT.7C.016.012/97, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (a cargo nada menos que de Moreno Díaz) “pondrá (sic) a su disposición en calidad de préstamo y en función de existencia en almacenes de la CFE aquellos equipos y materiales que conforme a los programas de obra electromecánica fueron requeridos”.
El 30 de abril de 1997, el ingeniero Julio Ruiz Guerrero, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Construcción, dio también luz verde al fraude al aducir “necesidades propias del sistema interconectado nacional”.
Pero de nuevo, el 12 de mayo de 1997, Ruiz
Guerrero solicitó al ingeniero Isidro Becerril, gerente de Construcción de
Proyectos de Transmisión y Transformación, que “debido a la urgencia que esta
Coordinación tiene para concluir la subestación Texcoco, se haga el traspaso
del material”.
Los días 10, 12, 14, 19, 20, 23 y 25 de junio de
1997, salieron de las bodegas de la CFE los materiales y el equipo para ser
entregados, de manera ilegal, al Grupo Apycsa. Todo ello con un valor superior
a 16 millones de pesos. La pandilla de Néstor Moreno nunca comprobó que Apycsa
los materiales que se le entregaron en bandeja de plata. Tampoco dieron ninguna
explicación sobre el destino que la empresa privada dio a los adelantos
entregados ni por qué los trabajos se iniciaron casi dos años después de lo
pactado. Tales irregularidades motivaron la demanda presentada ante la PGR, el
26 de mayo de 2006, por el exapoderado legal de la CFE, Ismael Macías Barrón,
en contra de los presuntos responsables.
Pero la queja pasó como el día y la noche para los funcionarios de la Secodam y la PGR. De hecho, dos años antes, y en pleno auge de sus negocios ilícitos, Moreno había sido destituido e inhabilitado de su cargo como coordinador de Transmisión y Transformación de la CFE, por 10 años, pero no por la irregularidad de los contratos ni el retraso de las obras, sino por un asunto administrativo en el que despidió “sin causa justificada” a un trabajador, conforme avaló en su defensa, hace un año, el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. Poco después de su sanción, el corrupto funcionario obtuvo un recurso de revocación y regresó a su puesto. Por el quebranto ocasionado por Apycsa –uno de los tantos cometidos por el “cártel de la Electricidad”– nadie resultó responsable y menos castigado.
Otro botón de muestra de la impunidad que priva en la CFE: el 17 de enero de 2001, la Secodam dio curso a los procedimientos administrativos DR/044/00 y DR/045/00, realizados por la Contraloría Regional Golfo Centro de la paraestatal, en éstos se detectaron irregularidades relacionadas con contratos de las empresas SEPAC (Sistemas Eléctricos de Potencia, SA de CV) y SENSA (Control Digital, SA de CV), para el suministro de unidades sicles, que de acuerdo con las indagatorias “no funcionaron y se encuentran en almacenes [de la CFE], lo mismo para pedidos de unidades centrales maestras y siscoproms (sistemas equivalentes a los sicles, pero en el área de distribución). Se menciona además que Néstor Moreno Díaz es dueño bajo prestanombres de la empresa SENSA, y solicitan una intervención rápida para evitar que se consume un fraude de grandes proporciones”.
Pero tampoco ocurrió nada, pues parece que el entonces contralor federal, Francisco Barrio Terrazas, estaba tan enajenado con el Pemexgate que ni se preocupó por volver los ojos a los gigantescos fraudes que se cometieron frente a sus narices en la CFE, donde nadaban a sus anchas los auténticos peces gordos de la corrupción. Uno de éstos, Néstor Moreno, se sigue riendo de la laxitud de las leyes mexicanas agradecido de que Calderón no haya concretado sus comités de auditoría y menos que se tomara la molestia de enterarse de sus mil y un fechorías, encubiertas por su exjefe y socio, Alfredo Elías Ayub.
Por cierto, a pesar de que la Organización Internacional de Policía Criminal contaba ya con una ficha del hoy prófugo, una juez decidió cancelar la orden de aprehensión dictada en contra del exdirector operativo de la CFE, con lo que todo indica que podrá seguir disfrutando de los millonarios sobornos, los yates y los ferraris por los que lo investigó la justicia estadunidense. Todo, gracias también a la red de complicidades que sigue operando en la CFE en contubernio con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y de su central antiobrera, la Confederación de Trabajadores de México.
Daño a la economía
nacional Martín Esparza
A diez meses de concluir su gobierno, para Felipe
Calderón su imaginaria “Alicia” no termina de llegar a su “País de las
Maravillas”; las cifras dadas a conocer por el INEGI en materia de ocupación
laboral derrumban el “Teatro Fantástico” con el que el presidente ha tratado de
engañar a los mexicanos, 12 de millones de ellos, arrojados al desempleo y la
pobreza durante su mandato. Las cifras han terminado por sepultar la retórica
oficial en materia de empleo: mientras en enero Felipe Calderón se regodeó
sobre la creación de 51 mil nuevos puestos de trabajo 60 por ciento de ellos,
eventuales, en diciembre pasado se perdieron 225 mil permanentes. Y mientras en
2011 el número de trabajadores que cotizaron al IMSS creció en apenas 440 mil
puestos, el número de empleos generados por la economía informal ¾los
ambulantes que carecen de prestaciones sociales alcanzó la cifra histórica de
un millón 600 mil personas, de acuerdo al INEGI.
En 2010, doce millones 400 mil mexicanos
subsistían a través de la economía informal, elevándose a 14 millones al cierre
del 2011, contra apenas 13.2 millones de trabajadores registrados en el IMSS.
En un detallado análisis, las cifras arrojan también datos reveladores que
muestran el grado de empobrecimiento que han experimentado millones de
mexicanos en los últimos cinco años.
Del total anterior hay que decir que casi un diez
por ciento, unos tres millones de mexicanos, apenas y perciben un salario
mínimo; otro 26 por ciento, unos ocho millones, llegan apenas a los dos
salarios mínimos, de tal forma que más de once millones de mexicanos, apenas y
subsisten con su sueldo. Otro 25.6 por ciento, gana de dos a tres salarios
mínimos; un 18.8 por ciento devenga de tres a cinco salarios mínimos; y sólo un
9 por ciento gana más de cinco salarios mínimos, el restante 10.9 por ciento manifiesta un ingreso no
especificado, o sea que sube a un rango mayor de ingresos. De este universo de
trabajadores sólo 13.2 millones están registrados en el IMSS y por lo tanto
tienen acceso a un servicio médico, sin que esto implique el beneficio de otras
prestaciones sociales.
Lo más delicado de este gris panorama laboral es
que del universo actual de más de 3 millones de desempleados y de 6.2 millones
de nuevos trabajadores disponibles, la mitad de ellos son jóvenes, miles de
ellos egresados de las universidades, a los que Felipe Calderón prometió una
inserción segura en el mercado laboral. Esos jóvenes que, por desgracia, y en
todo el país, han pasado a ingresar en las filas del crimen organizado ante la
ausencia total de oportunidades.
SE PERDIERON $4 MIL 548 MILLONES POR CONCESIONAR LA FIBRA OSCURA A TELEVISA
La concesión por 20 años para la explotación de
la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al
consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el
Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos,
concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
"La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia
de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo.
La CFE, dueña de la red, también", expuso.
La entrega de la red –anunciada en 2009 por
Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene
para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí
genera utilidades, indicó la ASF.
En un cálculo hecho a partir de contratos previos
de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en
propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de
pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el
inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que
aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del
Estado.
Al revisar el daño al erario, la auditoría reveló
que tanto la SCT como la CFE se deslindaron de aprobar la concesión e incluso
afirmaron que la opinión a favor la dieron la Comisión Federal de Competencia y
Nacional Financiera, que contrató dos despachos de abogados por 10 millones de
pesos, y a Transparencia Mexicana como testigo social por 757 mil pesos.
También la SCT afirmó que el visto bueno a las
prebases lo dieron el CIDE –a través de Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux–,
las cámaras de Telecomunicaciones por Cable y de la Industria Electrónica,
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el consultor de The
Competitive Intelligente Unit, Ernesto Piedras. Además incluyó el estudio
Industria de las telecomunicaciones en México; diagnóstico, prospectiva y
estrategia, de Federico Kuhlman, del Centro de Estudios de Competitividad.
Como parte del informe de la auditoría a la
Cuenta Pública 2010, refirió que en los criterios de adjudicación se
consideraría el importe determinado por el Instituto Nacional de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), más 3 por ciento.
EXIGEN BAJAR ALTAS TARIFAS DE LA CFE
Integrantes del Frente Cívico Mexicalense y de la
Coordinadora de Trabajadores y Sindicalizados Valentín Campa marcharon del
Zócalo capitalino a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en
la Alameda Central, para exigir al gobierno federal que reduzca los costos de
los energéticos y las "altas tarifas" que cobra la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Entre consignas de "ni un voto a PRI y
PAN", acompañados por batucadas y con pancartas, los manifestantes
entregaron durante su recorrido cartelones con la leyenda: "Calderón,
abajo la luz, gas y gasolinas" a las decenas de personas que caminaban por
Madero, quienes los observaban con sorpresa.
A la manifestación se unieron "héroes y
villanos" de películas, caracterizados por representantes y promotores
populares de la cultura en el Centro Histórico, pues indicaron que también han
sido perjudicados por los cobros excesivos que envía la CFE en los recibos de
luz.
Cristina Mejía, quien trabaja como artista
popular en las calles del Centro Histórico para sostener a sus dos hijas, dijo
que no es justo que el gobierno federal no cree empleos, pero incrementa el
costo de los energéticos, lo que encarece los productos de la canasta básica.
Sergio Tamai Quintero, presidente del frente,
aseguró que así como Felipe Calderón incumplió con la promesa de bajar la
tarifa de la luz doméstica, comercial e industrial en Baja California, los
mexicalenses darán un voto de castigo al PAN en las elecciones presidenciales.
Luego de hacer una serie de pronunciamientos
durante un par de horas ante la sede de la Secretaría de Hacienda, la cual
permaneció con las puertas cerradas.
TENDRÁ CFE QUE AJUSTAR TARIFAS POR
SEVEROS COBROS IRREGULARES
Ciudad de México.- La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) tendrá que ajustar sus tarifas en favor de seis millones 524
mil 66 usuarios del servicio de energía eléctrica en el Valle de México, esto
después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó severos
cobros irregulares por el suministro.
En conferencia de prensa, el diputado priísta
César Augusto Santiago, en la sede nacional del PRI, detalló que de acuerdo con
datos de la ASF, pidió a la paraestatal revisar los procedimientos de cobros y
hacer ajustes necesarios ante las elevadas tarifas.
El legislador presentó copias de los dictámenes
del órgano fiscalizador, por lo que la CFE "ha sido sujeta de un dictamen
negativo".
Abundo que: "En el caso de la Comisión
Federal de Electricidad, que primero hay una expresión, en una auditoría, en
donde el Gobierno por un lado le concede un aprovechamiento cercano a los 34
mil millones de pesos, y luego, ese mismo aprovechamiento se lo devuelve, en
vía de subsidio, para los efectos de disimular la operación financiera de la
empresa de clase mundial, que ahora ha tenido un dictamen negativo".
Por lo anterior, César Augusto Santiago acotó que
con estos datos, los usuarios de energía eléctrica que se vieron afectados por
cobros irregulares por la Comisión Federal de Electricidad, después de la
extinción en octubre de 2009 de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tendrán
"seguramente una buena noticia para los miles de mexicanos del Valle de
México, que nos han acompañado en la lucha por bajar las tarifas eléctricas de
la Comisión Federal de Electricidad".
Ante esta información, dijo el político priísta,
la CFE estará obligada a "que ajuste las tarifas en favor de los usuarios,
porque quedó demostrado en el ejercicio auditado que en un porcentaje altísimo
los cobros de la Comisión Federal de Electricidad fueron simple y llanamente
mal estimados".
IRREGULARES DE LA CFE
Ciudad de México.- La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) deberá ajustar sus tarifas a favor de 6 millones 524 mil 66
usuarios de luz en el Valle de México, luego de que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) comprobó cobros irregulares por el servicio.
Así lo dio a conocer el diputado César Augusto
Santiago al explicar que la ASF ya ordenó explícitamente a la paraestatal
revisar el procedimiento de cobro y hacer ajustes necesarios ante las elevadas
tarifas.
En conferencia de prensa en la sede nacional
priísta, donde presentó copias de los dictámenes del órgano fiscalizador, el
legislador destacó que la CFE "ha sido sujeto de un dictamen
negativo".
Más aún, reveló: "En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que primero hay una expresión, en una auditoría, en donde el gobierno por un lado le concede un aprovechamiento cercano a los 34 mil millones de pesos, y luego, ese mismo aprovechamiento se lo devuelve, en vía de subsidio, para los efectos de disimular la operación financiera de la empresa de clase mundial, que ahora ha tenido un dictamen negativo".
Más aún, reveló: "En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que primero hay una expresión, en una auditoría, en donde el gobierno por un lado le concede un aprovechamiento cercano a los 34 mil millones de pesos, y luego, ese mismo aprovechamiento se lo devuelve, en vía de subsidio, para los efectos de disimular la operación financiera de la empresa de clase mundial, que ahora ha tenido un dictamen negativo".
Ante ello, el diputado priista consideró que el
dictamen de la auditoría correspondiente, "seguramente será una buena
noticia para los miles de mexicanos del Valle de México, que nos han acompañado
en la lucha por bajar las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de
Electricidad".
Con ello, puntualizó, la CFE estará obligada a
"que ajuste las tarifas en favor de los usuarios, porque quedó demostrado
en el ejercicio auditado que en un porcentaje altísimo los cobros de la
Comisión Federal de Electricidad fueron simple y llanamente mal
estimados".
Además de la paraestatal, Santiago Ramírez
detalló que la Secretaría de la Función Pública tuvo también un dictamen
negativo, al igual que la Secretaría de Hacienda, y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
0 comentarios:
Publicar un comentario