La
reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños-Unión Europea, celebrada en Santiago de Chile los días 26 y 27
de enero, vino a confirmar que la recesión económica que enfrentan los
países del viejo continente ha entrado a una nueva etapa de
agudización que les ha llevado a la “imperiosa” necesidad de buscar
nuevos mercados externos para sus inversiones y exportaciones.
La
llamada “gran recesión” de 2008-2009 que golpeó duramente a los países
capitalistas desarrollados y a las naciones más débiles de Europa, entre
éstas Irlanda, Grecia, Islandia y España, extendió, en 2011, sus
efectos al resto de la Unión Europea, que hoy en día pasa por el momento
más grave y dramático de su historia.
Los estragos que, en lo social, la
crisis de la Unión Europea ha traído a su población mediante la
aplicación de las llamadas políticas de austeridad por parte de sus
gobiernos, son inmensos, pues lejos de buscar salidas diferentes a las
planteadas por el decadente modelo neoliberal insisten en rehuir a su
responsabilidad social, y optan por dejar de invertir en sus propios
países, con lo que dejan tras su “huida al exterior” a 26 millones de
personas en el desempleo.
Es por ello que, más allá de un
probable escenario de relación comercial y de inversión entre los países
miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) con la Unión Europea, los Estados del Continente Americano deben
poner las reglas del juego bien claras para evitar que sus
objetivos comunes, tanto en lo económico como en lo social, se vean
afectados por la intención de los inversionistas europeos que buscarán, a
través de las poderosas multinacionales, obtener una avasallante
“certeza jurídica” que atente contra su autonomía e independencia e
intente imponer, como sucede en Europa, condiciones de precarización a
los trabajadores.
Los países del centro y Suramérica,
que además de constituirse en la Celac han buscado una mayor integración
y cooperación regional para su desarrollo económico a través de otros
organismos, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba) o la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), no deben
pasar por alto que una de las causales de la debacle europea es su
abierta crisis política, originada por la marcada insensibilidad social
mostrada por sus gobiernos y la Comisión Europea. Todo el mundo ha
atestiguado que las medidas impuestas por las autoridades de la zona son
sencillamente antidemocráticas.
Varios Estados europeos están
utilizando la crisis económica como pretexto para operar cambios en sus
políticas sociales, sobre todo en el campo laboral, incluso más allá de
las exigencias de los organismos financieros, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Central Europeo, con lo cual borran de tajo lo
que queda del llamado Estado de bienestar y condenan a las futuras
generaciones a una vida en condiciones sociales y económicas inferiores a
las presentes. En su afán por desplazar al dólar del escenario mundial
con su moneda única (el euro), la Unión Europea se olvidó en su
integración de plasmar una constitución social europea.
Los gobiernos latinoamericanos tampoco
deben pasar por alto que en la medida en que la crisis de la zona del
euro se intensificó a partir de octubre de 2011, el control en la
formulación de políticas quedó sólo en manos de dos Estados miembros:
Alemania y Francia, con lo cual se alienta una peligrosa tendencia hacia
soluciones autoritarias. Ambas naciones supervisan la ejecución en los
puntos clave, al grado de darse el lujo de cambiar mediante los
llamados “golpes de Estado blandos” a jefes de gobierno elegidos
democráticamente, como sucedió en Italia y en Grecia, para colocar a
tecnócratas que den confianza a los mercados financieros, o mejor dicho,
a las mafias financieras.
De esta forma, la crisis del euro ha
convertido a la Unión Europea en algo totalmente distinto a lo planteado
en sus orígenes, y lejos de ser una asociación voluntaria, subsiste
mediante una dura disciplina; y lejos de ser una asociación de iguales,
se ha mutado a una disposición jerárquica en la que el centro dicta la
política mientras que la periferia está cada vez más subordinada.
No debe pasarse por alto que a últimas fechas han surgido posturas europeístas
que han lanzando una ofensiva a favor de la creación de una nueva
federación europea que busca entregarles mayores poderes a los
tecnócratas de la Comisión Europea y su presidente. Son estas fuerzas
emergentes que entienden dicho proyecto como una construcción universalista
las que al igual que promueven un tratado de libre comercio con Estados
Unidos también alientan la realización de encuentros como la Cumbre,
celebrada en los pasados días en Chile.
Otro aspecto que debe ser valorado por
los países latinoamericanos es que las políticas de austeridad
expresadas en el conocido pacto fiscal no han logrado detener la caída
en la economía europea, con lo que dejan en evidencia que las soluciones
neoliberales (la llamada troika) han fracasado estrepitosamente
en reactivar el consumo interno y la inversión, al impedir la
reactivación de una eventual recuperación económica. Datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos refieren
que la inversión fija de la Unión Europea al segundo trimestre de 2012
estaba en 485 billones de euros por debajo del primer trimestre de 2008.
Debe por ello destacarse que a la par
de la realización de la Cumbre de la Celac-Unión Europea, organizaciones
sociales y populares de América y Europa se dieron a la tarea de
analizar el contexto en que se dio dicho encuentro, y emitieron la
Declaración de la Cumbre de los Pueblos, que además de lanzar una voz de
alerta a sus gobiernos ha denunciado en la comunidad internacional lo
paradójico que resultó el título del encuentro: “Alianza para el
desarrollo sustentable, promoviendo las inversiones de calidad social y
ambiental”, cuando los representantes del viejo continente
dejaron bien clara su intención de invertir en áreas como la minería y
los servicios, y exigir “más garantías” para acabar, según dijeron, con
el clima de desconfianza generado por las expropiaciones realizadas el
año pasado por países como Bolivia y Argentina, que operaron sendas
nacionalizaciones en la defensa de sus energéticos.
Exigencias que contrastan, como ya se
apuntó, con las recientes iniciativas de integración regional surgidas
en América Latina –Alba, Unasur, Celac– que, aun con sus imperfecciones,
han logrado establecer nuevas prioridades como la inclusión de temas
ambientales.
La Declaración de la Cumbre de los
Pueblos concluyó por ello su rechazo al actual modelo de relaciones
entre la Unión Europea y la Celac, por responder sólo a los intereses de
las grandes corporaciones al pretender profundizar el ya fracasado
esquema del libre comercio, así como la exigencia por abandonar los
tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, y la
salida a la crisis a través de un modelo diferente al neoliberal, que
sólo beneficia al capital financiero en detrimento de la clase
trabajadora.
Las organizaciones sociales de América
instan a sus gobiernos a transitar hacia un modelo económico basado en
el pleno reconocimiento de todos los derechos colectivos, laborales, de
las mujeres, de los pueblos originarios y de las comunidades, y hacen un
llamado a los pueblos de ambos continentes para redoblar sus lazos de
solidaridad en contra del neoliberalismo, para que la crisis no les
transfiera su alto costo.
La Unión Europea hace agua y debe ser
ejemplo, a los gobiernos de nuestro continente, para no seguir sus pasos
ni caer en la trampa de convertirse en su cómodo salvavidas.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 321 / febrero 2013
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