Fuente: Siempre
Aborto
La decisión adoptada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala las leyes antiaborto de los estados de Baja California y San Luis Potosí es una grave, clara y notoria incongruencia del más alto tribunal de justicia del país, el cual en marzo del 2009 oficializó, mediante sentencia definitiva, la despenalización del aborto en el Distrito Federal, durante las primeras doce semanas de gestación.
Hace dos años, los ministros partieron del reconocimiento expreso de que los derechos fundamentales de las mujeres constituyen bienes relevantes en el ámbito constitucional. La Corte determinó en sustancia que la protección del concebido y no nacido no tiene el mismo grado e intensidad que la protección de la vida de la personas, ya que es necesario distinguir entre la vida como un bien constitucionalmente prioritario y la titularidad del derecho a la vida, sin que una Constitución estatal pueda modificar tales aspectos por corresponder en exclusiva a la Constitución federal determinar quiénes son los titulares de los derechos fundamentales.
A pesar de que el fallo sentó jurisprudencia, ahora los ministros dieron marcha atrás y dejaron nuevamente en la indefensión a miles de mujeres en todo el país, violando sus más elementales derechos humanos y constitucionales, pasando por alto, además, la larga serie de injusticias cometidas en su contra no sólo en Baja California sino en otros estados, como Guanajuato.
En medio de la rocambolesca decisión jurídica no sólo ha quedado entrampada la práctica del aborto como un problema de salud pública, también se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad y autonomía que debe privar en el ejercicio de la Corte.
La determinación de los ministros ha caído de igual forma en el fangoso pantano de la desmemoria social al olvidar casos contundentes de injusticias cometidas por los gobiernos estatales, sobre todo de corte panista. En Baja California, todavía no cierran las heridas infligidas a sus mujeres luego del abominable caso de Paulina Ramírez, esa niña de 13 años que fuera brutalmente violada en Mexicali en julio de 1999, y a la que el entonces gobernador Alejandro González Alcocer y el obispo Isidro Guerrero —el mismo que ahora balconeó a los ministros— impidieron abortar, pese a que el Código Penal de esa entidad permitía la interrupción del embarazo por violación.
Cuando en abril del 2000, Paulina dio a luz mediante cesárea, el entonces presidente Vicente Fox fue cuestionado sobre el abrumador caso y, buscando restarle importancia y proteger al gobernador de su partido, cínicamente dijo: “En una hora esa chica estará enamorada de su hijo”.
Un caso más de los abusos cometidos por las leyes locales en contra de mujeres que por determinados motivos han interrumpido sus embarazos fue el registrado el pasado año en Guanajuato, gobernado por el panista y distinguido miembro del Yunque, Juan Manuel Oliva, luego de que organismos de derechos humanos dieran a conocer a la luz pública el caso de siete mujeres pobres, cuatro de ellas indígenas, que se encontraban purgando condenas de hasta 35 años por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, figura jurídica inventada por los panistas para aumentar las penas a las mujeres que aborten.
En abril pasado, en Baja California, una joven de nombre Lesly fue liberada tras tres años de prisión al comprobarse su inocencia luego de haber sido sentenciada a 23 años de cárcel por sufrir un parto inmaduro o aborto espontáneo. Ella, como otras 24 mujeres que aún purgan injustas condenas por delitos similares en esa entidad, forman parte de la inmensa cadena de víctimas no sólo de la marginación y la violencia de género en nuestro país, sino de la insensibilidad social de los ministros de la Corte que insisten en darle la espalda a los apremiantes problemas sociales avalando reglamentaciones que violentan los más elementales derechos humanos, como lo demostraron al proteger con su fallo a las leyes antiaborto de los gobiernos estatales.
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