Fuente: La Jornada
Luego de seis meses de permanecer en plantón en el Zócalo capitalino, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desalojó esa plaza pública, como parte de un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el que la dependencia federal se compromete a analizar y resolver”, en no más de dos meses, “la reinserción laboral y productiva” de los más de 16 mil 500 integrantes del SME que han rechazado las ofertas de liquidación del gobierno federal tras la extinción –mediante decreto presidencial– de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Ante la cerrazón e intransigencia de las autoridades desde el estallido del conflicto, cabe ponderar positivamente el arreglo alcanzado, no sólo porque desactiva los temores de un posible desalojo violento del plantón que sostenían los electricistas, sino también porque implica el reconocimiento oficial, de la necesidad y la pertinencia de reactivar el diálogo con la representación gremial. Si a esto se suma la obtención de la llamada “toma de nota” a la dirigencia que encabeza Martín Esparza, y la consecuente recuperación de los recursos económicos del gremio –dos de las demandas centrales de los electricistas–, resulta obligado reconocer la perseverancia de un movimiento que, tras haber sido arrojado al desempleo masivo, se ha mantenido en pie y ha dado muestras de responsabilidad y mesura a pesar de la campaña de calumnias e insidias de que ha sido objeto, y pese a los amagos represivos que han sido ensayados en su contra.
Habrá que esperar, por otra parte, a que el ofrecimiento de “analizar” la “reinserción” de los trabajadores del SME en “el sector eléctrico” abandone el plano hipotético en que fue colocado por la parte gubernamental y aterrice en propuestas concretas. Hasta ahora, las autoridades federales han rechazado la posibilidad de una recontratación masiva del personal de LFC –ya sea mediante su incorporación a la Comisión Federal de Electricidad o mediante la creación de una nueva compañía– a pesar de que esa medida reviste pertinencia y necesidad desde la óptica de la justicia laboral y de la utilidad pública porque, más allá de consideraciones políticas y gremiales, los electricistas pertenecientes al SME representan un capital humano invaluable que debe ser aprovechado.
Para finalizar, y sin desconocer la prudencia demostrada por el gobierno federal al suscribir el acuerdo referido, así como la intervención positiva de la autoridad capitalina en este ensayo de solución, debe señalarse que éste debió ser adoptado mucho antes, con lo que se habría evitado llevar el conflicto a los niveles de encono y complejidad que alcanzó en estos casi 24 meses. Aun dejando de lado lo cuestionable del asalto policiaco a las instalaciones de LFC y el posterior decreto de extinción de esa paraestatal –medidas que han sido descritas por diversos especialistas como violatorias del marco legal–, no había razón para emprender un maltrato como el que se ha venido aplicando en contra del SME y su entorno social de apoyo, ni para alimentar el desgaste al que se ha sometido, en todo este tiempo, a la institucionalidad política y a la propia población.
Cabe esperar que la reactivación de las negociaciones anunciada no quede en mero formalismo y un nuevo ejercicio de simulación; que el gobierno federal se aleje de la belicosidad y el espíritu antisindical que ha caracterizado el desempeño de su Secretaría del Trabajo y Previsión Social a lo largo de este conflicto, y se disponga, con voluntad y buena fe, a resolver de una vez por todas un conflicto originado hace ya casi dos años por la propia autoridad.
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