Cártel de toga y birrete
Martín Esparza
Tras analizar en todas y cada una de sus
partes el engrose de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la
Corte con que revocó el veredicto emitido a favor del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), el 13 de septiembre del 2012, por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resulta
perturbador inferir el grado de descomposición moral a que han llegado,
salvo sus honrosas excepciones, los ministros de la Corte.
Pese a que nuestra Constitución es uno
de los ordenamientos jurídicos más íntegros del mundo, los responsables
de aplicar y respetar su contenido se han convertido en un confirmado cártel de toga y birrete,
y cual implacables sicarios atropellan y despedazan todos los preceptos
constitucionales que obstruyen los dictados ordenados desde el poder.
El desaseo jurídico no tiene límites
cuando los ministros no sólo manipularon lo contenido en artículos como
el 90 constitucional, que establece con precisión la función del
presidente de la república como jefe del Ejecutivo en el ámbito de la
administración pública federal, tanto centralizada como paraestatal, con
el solo fin de justificar la causa de fuerza mayor con que el
gobierno de Felipe Calderón trató de enmendar su craso error por
justificar el decreto de Extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre del
2009, bajo una supuesta incosteabilidad financiera, hasta hoy nunca
demostrada, y negar en la figura de la CFE la sustitución patronal.
La Ley Federal del Trabajo establece en
su artículo 41 que la sustitución patronal surte efecto a partir de la
subsistencia de la materia de trabajo. A la vista de todo el país es
claro que la prestación del servicio eléctrico se sigue desarrollando
con la misma infraestructura de Luz y Fuerza, y quien se encarga de
ejecutarla es la CFE.
Por si esto no fuera suficiente, aterra
enterarse de que los ministros tuvieron la desfachatez de argumentar que
el presidente no puede ser considerado como patrón sustituto en el
conflicto del SME, porque: “Los organismos descentralizados no forman
parte del Poder Ejecutivo”. Según los integrantes de la Segunda Sala,
lea con calma: no existe una subordinación jerárquica entre las
paraestatales y el presidente; es decir que, llanamente, aun cuando la
propia Constitución marca con exactitud la división de poderes, “no
implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo
Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho
de los negocios del orden administrativo relacionado con las
atribuciones del Ejecutivo federal”.
En esta absoluta subordinación con que
los ministros negaron la justicia al SME, sucede, aunque usted no lo
crea, que el presidente no es el patrón ni de los trabajadores de Luz y
Fuerza, como tampoco de CFE o Pemex.
Si ese criterio estuviera realmente
justificado en el marco constitucional, en la Ley Orgánica de la
Administración Pública o en la de Entidades Paraestatales, entonces el
responsable de haber dado por terminadas las relaciones laborales y
solicitar el decreto de extinción hubiera sido el entonces director de
Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, y no Felipe Calderón.
Cúmulo de latrocinios jurídicos que
buscaron deslindar de sus responsabilidades ante la ley, tanto al
gobierno de Calderón como al de Enrique Peña Nieto, con el fin de
exentarlos de su obligación de respetar los derechos laborales de los
trabajadores del SME a través de la sustitución patronal.
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