Y México presume de nación demócrata y republicana
Martín Esparza Flores
¿Qué se necesita para hacer cumplir la
ley en un país de ficciones jurídicas? Atónitos, muchos de los más
prestigiados abogados del país se preguntan a qué grado de absurdos y
violaciones al Estado de derecho ha llegado un país que presume ante el
mundo de ser una nación demócrata y republicana.
Misma pregunta se hacen un grupo de
senadores y diputados que aún no acaban de digerir el entuerto legaloide
que les prologaron funcionarios menores de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA), cuando hace unos días se presentaron a
cuestionarles el por qué dicha institución se negaba a expedir el laudo
ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de
Trabajo, en el que se reconoce el derecho de los trabajadores del SME a
recuperar su fuente de empleo a través de un patrón sustituto, en este
caso, la CFE. La ley otorga a la Junta un lapso de 24 horas para
rectificar lo que en derecho procede. Pero…
Desmenucemos un poco el asunto: nuestro
sistema de gobierno establece una sana e inalterable división de poderes
para mantener, a través de un pacto federal, un funcional equilibrio
entre los mismos. Y si bien el Poder Ejecutivo, representado como máxima
autoridad en la figura del presidente de la república, tiene la
facultad de ejercer decisiones sui géneris, la propia
Constitución acota sus funciones y delimita sus probables excesos con
base en las resoluciones del Poder Judicial. En ningún artículo de
nuestra Carta Magna, o código de menor envergadura se establece que el
Ejecutivo pueda alterar o pisotear la ley a su antojo o libre albedrío.
Aceptar tal aberración sería caer en el terreno de una dictadura
fascista.
Las leyes decretan con claridad los
plazos para hacer cumplir los ordenamientos que dicten los tribunales
federales mediante sus sentencias, por eso asombra e indigna la actitud
asumida por los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA), que un abierto reto al Poder Judicial insisten en
mostrar su sumisión absoluta al Poder Ejecutivo al negarse a aplicar sus
sentencias; pero aún más, en un acto que raya en la peor de las
descortesías e insultos al Poder Legislativo, cierran las puertas del
titular de esa dependencia a sus representantes, como si tal institución
fuera un ente autónomo y con una jerarquía constitucional superior a la
de los legisladores electos por el voto popular. ¿Qué está pasando en
nuestro país?
Sobre la sentencia del tribunal, la
Junta fue notificada el 9 de octubre a las 17:45 horas. Y no pasó nada.
Llegó un nuevo recordatorio del tribunal el pasado 17 de octubre a las
13:30 horas, y de igual forma no se emitió el nuevo laudo. El pasado
lunes 22 un grupo de senadores y diputados del Movimiento Progresista se
presentaron ante la JFCA pidiendo hablar con su titular, Eduardo
Andrade Salaverria, pero el funcionario que le debe el cargo al
denostado Javier Lozano y a la actual secretaria del Trabajo, Rosalinda
Vélez Juárez, mostrando una ignorancia supina a la función de la
representación popular, tuvo la desfachatez de no recibirlos y enviarlos
con el secretario general de Acuerdos y Asuntos Colectivos, Gary Jorge
Pérez Grijalva, funcionario menor que respondió con evasivas a las
preguntas de los legisladores.
Pérez Grijalva tuvo la osadía de
comentarle a los legisladores que la Junta “está revisando la sentencia”
(sic). Y aunque resulte increíble, ahora sucede que los funcionarios
menores le van a enseñar a los magistrados de la Suprema Corte cómo
aplicar e interpretar las leyes. Tan paradójico e inexplicable como que
en el gobierno de Calderón los patos de la burocracia, armados hasta los
dientes gracias a la irresponsabilidad e incompetencia del Ejecutivo,
¡ahora le tiran a las escopetas¡
La falta de respeto mostrada por la JFCA
al Poder Legislativo y al Poder Judicial debe tener sus lógicas
implicaciones y los responsables de tan inusual desacato deben ser
llamados a cuentas. El procedimiento legal para sancionar a gente como
Lozano y sus “tapetes” se llama juicio político. Claro, si
antes se recupera algo de la dignidad y el sentido común del Estado de
derecho, pues de lo contrario podremos afirmar que estuvimos sometidos
por una abierta y cínica dictadura, bajo el camuflaje de país libre y
democrático. ¿O no es así, señor Calderón?
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