Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente
Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido
común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad
como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y
comprometida con el bienestar de los mexicanos.
Martín Esparza Flores*/Quinta parte
Las cifras y los hechos dan al traste con las palabras del
mandatario que sólo se engaña a sí mismo cuando habla de logros
intangibles y fuera de todo contexto social, político y económico.
Calderón se atrevió a citar los objetivos que alentaron en 1937 al
entonces presidente Lázaro Cárdenas a la creación de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). Y que eran, en sustancia: organizar, dirigir y
sentar las bases de un Sistema Nacional de Generación, Transmisión y
Distribución de energía eléctrica en el país, basándose en principios
técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de
obtener el mayor rendimiento de los intereses generales.
Millones de mexicanos debemos preguntarle a Calderón si realmente
han cumplido los gobiernos de su partido con tales objetivos. Él
enarbola que el 98 por ciento de los mexicanos ya cuentan con energía
eléctrica, pero no habla de las altas tarifas ni de la entrega paulatina
y antinacionalista que se ha hecho de la infraestructura eléctrica del
país a firmas trasnacionales, como tampoco de los multimillonarios
contratos que se han entregado hasta por 25 años a las mismas, para que
nos vendan su generación de electricidad financiada con nuestros propios
recursos a través de mecanismos como los Proyectos de Inversión
Diferidos en el Gasto (Pidiregas) o Proyectos de Inversión a Largo
Plazo.
En su oficioso mensaje el presidente ofendió a la más elemental
inteligencia de los expertos en la materia cuando volvió a afirmar haber
obrado en razón de Estado sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro
(LFC), de la que dijo se debían destinar para subsidiarla 50 mil
millones de pesos, paraestatal a la que calificó nuevamente de
improductiva.
Refutemos con hechos y cifras en la mano los galimatías del
presidente: En primer término, Felipe Calderón nunca se ha referido a
los subsidios que también ha recibido en la última década su
autocalificada “empresa de clase mundial”. Cifras de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) dadas a conocer en la Cuenta Pública
2009 (año en que el presidente emitió el Decreto de Extinción de Luz y
Fuerza del Centro) señalan que de 2001 a 2009, LFC recibió subsidios por
248 mil millones de pesos mientras que en el mismo periodo, la CFE los
obtuvo por un monto de 563 mil millones de pesos; es decir, que ambas
paraestatales debían compensar por igual pérdidas operativas.
¿Cuál era la gran diferencia? Que mientras el gobierno federal
impidió a LFC generar su propia energía, a la CFE sí se lo permitió.
Entonces, ¿por qué los déficits en ambas entidades y por qué tan
gravosos en la CFE?
Es aquí donde los gobiernos panistas han manipulado la realidad de
su errada política energética en el sector eléctrico: los cuantiosos
subsidios no tienen como origen directo el impedir el incremento de las
tarifas eléctricas, ésa es la cortina de humo para justificar
algo más delicado, que es la creciente autorización a las empresas
privadas, sobre todo extranjeras, la generación de energía en el país,
pese a que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos lo prohíbe claramente.
Lo más grave y delicado, que puede equipararse a una traición a la
patria, es que los gobiernos panistas a través de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) han autorizado más de 700 permisos a empresas privadas
con 25 de las cuales (como Iberdrola, AES, Unión Fenosa, Mitsubishi,
por citar algunas) la CFE tiene contratos que obligan a esta “empresa de
clase mundial” a comprarles su energía.
Calderón presume a los cuatro vientos obras e
infraestructura como las presas El Cajón y la Yesca; entonces la
pregunta natural es: si el país tiene tal capacidad de generación de
energía ¿por qué aceptar que la trasnacionales se metan a un negocio que
debe ser área exclusiva y estratégica del gobierno mexicano?
Bajo esta óptica, y como lo destacan los especialistas de la ASF,
es notorio el desplazamiento que está sufriendo el servicio público de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país
por los Productores Externos de Energía, contribuyendo con ello a un
alto grado de desocupación de la planta productiva del Sistema Eléctrico
Nacional, propiedad del Estado. De esta manera, como exponen los
analistas, es fácil de entender que no sólo es LFC, extinguida por
decreto, sino la propia CFE la que está perdiendo progresivamente
participación en el mercado, pues los productores privados ya detentan
alrededor del 50 por ciento de la capacidad de generación de la CFE.
Esto, por supuesto, en nada beneficia al país ni a los
consumidores. Veamos un ejemplo del saqueo y las ventajosas condiciones
de las trasnacionales, en contrasentido de la inducida quiebra de LFC
por el propio gobierno federal:
En 2007, Unión Fenosa, firma de origen español, vendió el
kilovatio-hora (kWh) a la Comisión Federal de Electricidad en 59
centavos, la cual a su vez lo vendió a Luz y Fuerza del Centro en un
peso, y en 93 centavos a los industriales. Un año después, en 2008, las
compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el kWh entregado a la CFE
en 93 centavos y la CFE lo cobró a LFC en 1.50 pesos, pero la
Secretaría de Hacienda obligó al hoy organismo liquidado a venderlo al
usuario en 1.18 pesos. Ello originó –y de esto nada habla Calderón– que
los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, generando un
sobreprecio de 13 mil millones de pesos en 2009.
De esta forma, la energía comprada a CFE tuvo un costo que se
incrementó de 41 mil 500 millones de pesos en 2001, a 108 mil 400
millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron
en un 56 por ciento en la electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de
pasivo laboral. Es así que, aunque resulte ilógico, los costos de
energía eléctrica que la CFE adquiere de los productores independientes,
fueron transmitidos a la propia LFC, deteriorando aún más su difícil
situación financiera.
No puede hablarse de que CFE sea una empresa modelo cuando, además
de tener pasivos por casi 850 mil millones de pesos, ha solapado que las
trasnacionales se adueñen paulatinamente de la generación y transmisión
de la energía eléctrica estando a un paso de meterse al campo de
la comercialización pública. Es claro que la intención de los gobiernos
de Acción Nacional nunca fue fortalecer y sanear a LFC, sino
desaparecerla para abrir paso a la encubierta privatización de la que se
han vueltos cómplices los funcionarios de la propia Comisión Federal de
Electricidad, como su exdirector, Alfredo Elías Ayub.
Valga señalar que Calderón estuvo enterado, desde que fue
Secretario de Energía, de la corrupción de los altos funcionarios de la
CFE y Luz y Fuerza del Centro, y no hizo nada; por el contrario, como
presidente justificó de forma maquillada la extinción y quiebra
financiera de los dos organismos descentralizados, basta con leer la Ley
Federal de Entidades Paraestatales donde se establece con claridad que
ambos se administran con un órgano de gobierno, el cual es observado y
auditado tanto por la controlaría general como por la Función Pública.
Si éste órgano de gobierno no sirve, entonces recae en el presidente la
responsabilidad de intervenir para hacer que funcione, pues como ya
apuntamos, es una obligación del Estado proporcionar el suministro
público de electricidad, situación que Calderón jamás asumió como
secretario y menos como presidente.
Su traición a la patria es doble porque, además de haber
desnacionalizado nuestra industria eléctrica, ahora trasladan el costo
de las multimillonarias ganancias de las trasnacionales a los recibos de
pago de los usuarios en todo el país, pisoteando los objetivos que hace
75 años estableció el general Cárdenas.
Fuente: Contralínea 300 / Septiembre de 2012
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