Fuente: Por Esto!
La
estrategia del gobierno federal espurio es cerrar las plantas públicas y
autorizar la apertura de las privadas
La CFE
se niega a hablar sobre el tema y pone obstáculos a los reporteros del POR ESTO!
“Deje
sus datos y luego le hablamos”
La estrategia de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) de reducir la participación del gobierno en la generación de
energía eléctrica, para que el sector privado tenga cada vez más participación,
continúa sin freno a pesar de las críticas de amplios sectores, según se
evidencia con el cierre de plantas en la Península.
Aparte de la polémica que genera esa
estrategia, sobre la que se puede encontrar amplia información en internet, un
hecho cada vez más evidente es que a la paraestatal no le interesa discutir el
tema, y ninguno de sus funcionarios acepta hablar al respecto. La División
Peninsular no es la excepción, con una cerrazón informativa que data de
años.
Como informamos ayer, por viejas y costosas, la
CFE cerró dos unidades de la termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto-Valladolid,
de manera que ahora el abasto estará a cargo de generadoras privadas, según
información que la paraestatal tiene en internet.
El cierre de unidades generadoras en la
Península comenzó el año pasado, cuando se dejó de operar la Planta Nachi Cocom
II, una termoeléctrica convencional con dos unidades. En noviembre de ese mismo
año se suspendió la operación de una unidad en Lerma, Campeche, y este año
pararon las otras cuatro unidades de esa planta ubicada a unos cuatro kilómetros
de la capital campechana.
Según el documento elaborado por la CFE y que
se titula “Programas de obras de inversión del sector eléctrico 2011-2025”, la
capacidad de generación efectiva a diciembre de 2009 ascendía a 2 mil 303
megawatts, de los cuales el 54.7% correspondían a centrales bajo el esquema de
producción independiente”. En otras palabras, más de la mitad de la energía
eléctrica con que cuenta el país es generada por empresas de capital
privado.
El gobierno federal mantiene desde hace décadas
el monopolio de la producción y distribución de energía en el país mediante dos
gigantes que han sido siempre objeto de críticas y centro de escándalos de
corrupción: Pemex y CFE.
La polémica en torno a si debe privatizarse la
generación y distribución de electricidad es tan antigua como amplia. Uno de los
argumentos más relevantes en contra lo dio en 2002 el entonces gobernador de
Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, quien advirtió que abrir en forma
indiscriminada la generación, comercialización y transmisión de energía
eléctrica al sector privado traería perjuicios y daría lugar a dos mercados: el
de los pobres y los ricos. Consideró entonces que lo mejor sería aplicar un
sistema combinado similar al que opera en distintos países europeos y entidades
de Estados Unidos.
Otro punto preocupante lo expuso en marzo del
año pasado el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín
Esparza Flores, quien denunció que la CFE entrega al Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor
Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2% de cada contrato que firma con las
empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y
se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese
sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, añadió
el dirigente, cuyas declaraciones es necesario matizar señalando que su
sindicato se quedó sin empresa con la desaparición de la criticada Luz y Fuerza
del Centro, cuya desaparición, ordenada tras años de números rojos, corrupción y
exageradas prebendas de los sindicalizados, fue ordenada por el gobierno
federal, lo que generó un cúmulo de protestas que hasta la fecha no se
apagan.
El análisis del escabroso tema de la
privatización, que se puso en evidencia con la citada nota de ayer en este
periódico, no es del agrado de los funcionarios de la CFE, como se hizo evidente
ayer, cuando los reporteros acudieron a las oficinas peninsulares de la
paraestatal, en Prolongación de Montejo, para tratar de dar seguimiento al
tema.
Como ha hecho siempre, la encargada de
Comunicación Social, Laura Estrada Loría, puso obstáculos para entrevistar a
algún funcionario, y se limitó a enviar a un muchacho ayudante suyo para pedirle
al reportero “que deje sus datos y luego le hablamos”.
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