Con incrementos superiores a 125 por ciento en el precio medio de la
tarifa doméstica, entre 138 y 144 por ciento en tarifa industrial, 107 por
ciento en tarifa comercial, 81 por ciento en agrícolas y 83 por ciento en
servicios, de 2000 a la fecha la electricidad en México se ha convertido en una
mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la
disyuntiva mensual de pagas la luz o comes
, contradiciendo una de las
muchas promesas incumplidas de Calderón, quien en 2006 se comprometió a bajar el
precio de la electricidad.
Estos desorbitados incrementos colocan a México en el
rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo –muy por
encima del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (59 por
ciento) y del crecimiento
de los salarios mínimos (54 por ciento) en los
últimos 11 años–. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la
industria eléctrica iniciada por el priísta Carlos Salinas de Gortari en 1992,
en virtud de la cual CFE avanza hacia una bancarrota similar a la provocada
deliberadamente para extinguir Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente
al SME.
Los únicos ganones
son las empresas privadas extranjeras, como
Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, cuya sola presencia vulnera el párrafo
sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo
de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria
eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60,
cuando las ligas de consumidores electricistas y el SME, expresando el
descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y
lograron con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización
eléctrica.
El problema de las altas tarifas eléctricas en México se remonta a mediados
de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80, con la
imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por gobiernos del PRI. Sin
embargo, el mayor mérito les corresponde a los gobiernos de Fox y Calderón. Al
primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo (DAC) y
al segundo por el golpe fascista asestado al SME, que lo catalogó como una de
sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en
dólares y con ingresos promedios ocho veces superiores a los salarios mexicanos,
en diversos estados de nuestros vecinos del norte el precio de las tarifas
doméstica e industrial es más barata que en México.
Pero no sólo frente al
imperio del norte: en países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso,
como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil y Ecuador, el precio
de la electricidad es más bajo que en nuestro país.
Una revisión de las finanzas de la CFE de 2000 a la fecha muestra el terrible
impacto de la privatización. Con pérdidas crecientes en sus resultados
financieros y de explotación, una deuda de 603 mil millones de pesos, CFE
enfrenta un catastrófico futuro que en unos años la llevarán a la quiebra o a
convertirse en una sucursal
de cobro al servicio de las empresas
españolas, japonesas, estadunidenses, etcétera, que ya controlan más de 50 por
ciento de las plantas de generación en México. Por el contrario, las únicas
beneficiadas con el desastre eléctrico de CFE y las altas tarifas eléctricas son
las empresas privadas extranjeras, que acumularán ganancias de un billón 320 mil
millones de pesos en los próximos 20 años.
La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica
(interrupciones y fluctuaciones de voltaje) del Foro Económico Mundial en su
Global competitiveness report 2011-2012 coloca a CFE con 4.3 puntos (en
una escala de uno a siete) de un total de 142 países. Muy por debajo de Reino
Unido y Francia (6.7), Canadá (6.7), Barbados (6.3), Estados Unidos, España y
Uruguay (6.0), Chile (5.8), Costa Rica, Namibia (5.6), Trinidad y Tobago (5.5),
Panamá (5.3), Colombia (5.2), Guatemala (5.1), Puerto Rico (5.0), Perú y Brasil
(4.9), El Salvador (4.8), Irán y Turquía (4.7), Egipto (4.6), Gambia (4.4).
Salta a la vista que el lema CFE, empresa de clase mundial
es sólo un
recurso publicitario para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo
servicio.
El problema de las desorbitadas tarifas eléctricas y del futuro de la
industria eléctrica en México no tiene solución en el marco actual del
neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI,
que medra políticamente con el problema, sólo busca obtener votos, pues avaló la
extinción de Luz y Fuerza y apoyó la privatización. Tampoco se resuelve con
exhortos de diputados y senadores dirigidos a un gobierno insensible a los
reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas
requiere de cirugía mayor.
Comenzando con la renacionalización de la industria
eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por
terminada los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo la
contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por
Salinas de Gortari en 1992. Otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores
de la población con consumos bimestrales menores a 200 Kw. Derogando la
antipopular tarifa DAC. Cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios
domésticos, derivados de los cobros locos de CFE. Suspendiendo los ilegales
cortes de luz.
Reduciendo el precio de las tarifas eléctricas 50 por ciento y
congelando su precio para reactivar el mercado interno. Y, por supuesto,
derogando el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del
Centro.
